Cuando los vecinos paran la obra pública

Vecino molesto por una obra va a la Justicia y gana la primera batalla: la fórmula parece no fallar en una Buenos Aires en continuo crecimiento. Por lo menos 30 obras públicas que la Ciudad emprendió en los últimos cuatro años fueron frenadas por sus habitantes, de las cuales 14 hoy están paralizadas -o parte de ellas- por distintos amparos judiciales.

Esta modalidad de reclamo es alimentada por organizaciones proteccionistas y asociaciones de vecinos, atentos al cuidado del patrimonio histórico y de las leyes que rigen sobre determinados bienes públicos del ejido urbano porteño. Casi que alinearse al "conservadurismo" o al "progresismo" lo posiciona al vecino en el profundo y mítico dilema del "ser o no ser". Ya que otros tantos, en cambio, apoyan las mejoras y los beneficios que pueden traer las nuevas obras.

Así, durante un tiempo menor, mayor o tal vez indefinido, obras emblemáticas en el espacio público se frenan, como lo fue con las mejoras en la calle Defensa, en San Telmo, o con más de 15 viaductos en cruces clave con las vías de los ferrocarriles porteños, que seguramente evitarán accidentes viales, aunque 12 de ellos hoy siguen paralizados.

En la actualidad, los vecinos lograron también frenar la construcción de una cochera subterránea en el tradicional parque Las Heras, en Palermo, por los restos de una vieja cárcel que hoy está bajo tierra, además de una parte de las obras en la plaza Francia por la extensión de la línea H del subterráneo.

El denominador común de estos reclamos es, en términos generales, que las intervenciones urbanas "modifican la traza tradicional", "hacen peligrar un bien patrimonial" o "son incómodas" y ocasionan distintas molestias en el barrio.

Por algunas de estas razones, hoy no se pueden construir los cruces bajo nivel de las calles Deheza, Quesada (ferrocarril Mitre, ramal Tigre); Llavallol y Cuenca (ferrocarril Urquiza); Pacheco, Altolaguirre, Zamudio y Ceretti (ferrocarril Mitre, ramal José León Suárez), y Navarro, Varela, Empedrado y Marcos Sastre (ferrocarril San Martín), según informó el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño.

Según las autoridades porteñas, en la mayoría de los amparos presentados por los vecinos, la Justicia le termina dando la razón al Poder Ejecutivo. De todas maneras, son muchas las obras que se frenan por un tiempo indeterminado. Y se rehabilitan una vez que los jueces a cargo comprueban que no representa ese "riesgo" respecto de las razones que motivaron tal denuncia.

Una de las primeras grandes obras públicas detenidas en la ciudad fue, en 2008, la peatonalización y modernización de la calle Defensa, desde Plaza de Mayo hasta Brasil. Allí, la ONG Basta de Demoler denunció una violación de la ley de protección patrimonial del Casco Histórico; hubo movilizaciones, denuncias en diversos ámbitos públicos y del gobierno y la presentación de un amparo. Resultado: el gobierno ofreció un acuerdo y se estableció la restauración del adoquinado y veredas con baldosas calcáreas y demás obras de acuerdo con lo establecido en la reglamentación de protección vigente.

Otras intervenciones oficiales paradas fueron, por ejemplo, el proyecto de reestructuración del hospital Rivadavia, que iba a demolerse porque está destruido, y en el cual se propuso su restauración; las obras en el bulevar Olleros, donde se garantizó la preservación del adoquinado; la demolición de las escalinatas del cementerio de la Recoleta, que fue reemplazada, y la cochera subterránea de la plaza Emilio Mitre, en Las Heras y Pueyrredón, donde en un principio se denunció la tala del arbolado, pero luego la obra continuó y se finalizó.

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