La Izquierda Plural presenta una propuesta en el Congreso para frenar la privatización de la sanidad

MODIFICANDO LA LEY DE NUEVAS FORMAS DE GESTIÓN DEL SNS

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural, formado por IU, ICV-EUiA y CHA, ha presentado una proposición de ley para garantizar que la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos del Sistema Nacional de Salud (SNS) sea de titularidad pública y, asimismo, sólo se puedan establecer acuerdos con entidades privadas sin ánimo de lucro y siempre de forma excepcional y "necesitados de justificación".

Así se desprende del texto remitido a la Mesa de la Cámara Baja para su debate en el pleno, con el que pretenden modificar la actual Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

La iniciativa responde a la "campaña generalizada" puesta en los últimos años en algunas comunidades para "desprestigiar y desmantelar" la sanidad pública, introduciendo "nuevas formas de gestión empresarial" que, "con la disculpa de innovar", buscan "privatizar los sistemas sanitarios públicos y una oportunidad de negocio".

Y, según advierte la Izquierda Plural, "los grandes perdedores de estos cambios serán los ciudadanos", ya que "la calidad de los servicios sanitarios empeorará y los modelos privatizados tienen unos costes muy superiores".

Por ello, en su proposición de ley apuestan por un cambio normativo por el que "los acuerdos o convenios con entidades privadas tengan carácter supletorio y lo sean exclusivamente con aquellos sin ánimo de lucro".

"Deben ser excepciones a la regla de la gestión pública directa y, por ello, necesitados de justificación concreta para su admisión", reza la propuesta.

El objetivo, explican en esta iniciativa, es que la gestión y administración de centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o socio-sanitaria se lleven a cabo "directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho".

Asimismo, proponen que sea el Gobierno, mediante Real Decreto, y las comunidades autónomas, "en los ámbitos de sus respectivas competencias", quienes determinen las formas jurídicas, órganos de dirección y control, régimen de garantías de la prestación, financiación y peculiaridades en materia de personal de las entidades que se creen para la gestión de estos centros, "mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas".

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