Caracas, 9 Feb (Notimex).- La operación del gobierno venezolano para eliminar el retardo procesal con el "Plan Cayapa", si bien beneficia a reos cuyos procesos estaban paralizados, todavía plantea "serias" interrogantes, aseguró un activista de derechos humanos.
"Si se realiza bien y se hace un buen plan de trabajo con la Fiscalía y la defensa pública, yo creo que se puede lograr, pero la improvisación también podría traer más violencia e injusticias", dijo a Notimex Carlos Nieto, de la organización Una Ventana a la Libertad.
Desde el pasado 27 de enero comenzaron a ser liberados decenas de detenidos principalmente de dos cárceles del país (42 en el estado Portuguesa y otros 50 en Táchira) como parte del plan anunciado por la ministra de asuntos penitenciarios Iris Varela.
Los presos fueron liberados gracias al otorgamiento de beneficios procesales que la ley les concede y con el trabajo del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) y del Poder Judicial, de acuerdo con las autoridades.
Pero un hecho que llamó la atención de activistas de derechos humanos fue la ejecución de cinco de estas personas sólo días después de haber sido puestos en libertad mediante el Plan Cayapa.
Tres de ellos fueron baleados horas después de salir de la cárcel de Uribana (una de las más violentas del país) en el estado de Barquisimeto.
Nieto reconoció que la salida masiva de reos plantea la posibilidad de que ocurran ajustes de cuentas y sostuvo que el Ministerio para el Servicio Penitenciario también debe hacer un seguimiento a la conducta de las personas que quedan en libertad.
Agregó que es difícil que el programa Cayapa se pueda cumplir en plazo de un año como dice la ministra Varela y sin errores, pues es muy alto, un 80 por ciento, el número de presos experimentan un retardo procesal.
Esto aunado a otros problemas como el hacinamiento que en la actualidad es del 350 por ciento en los 52 centros penitenciarios con que cuenta el país, complica la situación.
"Hay 14 mil 500 plazas y en la actualidad son 47 mil 800 los reclusos", explicó Nieto.
"La ministra Varela dice que va a bajar la población carcelaria, pero hay contradicciones porque el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas dice que va a activar la búsqueda de delincuentes prófugos, no hay una coordinación", precisó.
Otros problemas que complican la situación, según Nieto, son un sistema judicial malo, carencia de jueces, fiscales, así como ingreso de armas y drogas libremente por la puerta principal de los penales.
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